Español: Audiencia: Violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela (DE OFICIO)

165 Período de Sesiones en Uruguay Martes 24 de octubre de 2017

Los peticionarios denunciaron la existencia de un sistema de represión en el país por el cual los sistemas de justicia y de seguridad están siendo utilizados para la persecución por motivos políticos. Informó que en el contexto de las manifestaciones públicas que tuvieron lugar durante 2017 fallecieron 136 personas y que desde 2014 a la fecha se registraron 11989 arrestos de manifestantes que se encontraban protestando pacíficamente. Denunció el sometimiento de civiles a la justicia militar y señaló que desde el 1 de abril de 2017 al pasado 23 de octubre 757 personas fueron presentados ante tribunales militares y que 207 civiles continúan privados de libertad a las órdenes de la justicia militar. Afirmó que existen 391 presos políticos. La delegación indicó que 2017 ha sido el año con mayor número caso de violación a la libertad de expresión desde 2012. Por otro lado denunció el uso abusivo de la prisión preventiva y la existencia de una situación de hacinamiento alarmante en los centros de detención preventiva en la que permanecen 45 mil personas privadas de libertad, según indicó. Por su parte la delegación del Estado enfatizó que el gobierno venezolano garantiza el derecho a la manifestación pacífica y negó el uso indebido de la fuerza en el contexto de las protestas. El Estado indicó que el 62.30 por ciento de las movilizaciones que se registraron entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 fueron violentas y afirmó que existió “una verdadera violencia insurreccional armada”. En cuanto a las personas fallecidas en este contexto, el Estado sostuvo que son 124 personas y que de ellas 9 eran efectivos de seguridad. Negó que exista hacinamiento en el sistema carcelario, pero reconoció que la situación en los centros de detención preventiva es diferente. En cuanto a la situación de los medios de comunicación, justificó el cierre de canales de televisión en función de su ordenamiento jurídico. La CIDH reiteró el interés en efectuar una visita al país. Expresó preocupación por las denuncias sobre uso abusivo de la prisión preventiva e hizo un llamado al Estado para atender esta situación. Por su parte el Relator Especial para la Libertad de Expresión indicó que las cifras sobre arrestos y persona fallecidas en manifestaciones exhibe un uso excesivo de la fuerza. Manifestó su preocupación por el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar y formuló una serie de preguntas sobre las acciones del Estado vinculadas a los medios de comunicación.