La reforma implica un cambio de paradigma en la resolución de los conflictos civiles al centrarse fundamentalmente en el acceso real de las personas a la justicia. Además, se transparenta y prioriza la meritocracia en la designación de jueces y se fortalece la independencia.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó este viernes la Reforma Procesal Civil y la Reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces, para entregar más y mejor acceso a la justicia.

“Ambas reformas buscan modernizar nuestro Sistema Judicial y equiparar la cancha en el acceso a la justicia”, indicó el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda, acompañado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa; y de Economía, Lucas Palacios.

La Reforma Procesal Civil implica un cambio de paradigma en la resolución de los conflictos civiles al centrarse fundamentalmente en el acceso real de las personas a la justicia. Entre sus beneficios destaca una mayor cobertura comunal de los servicios de justicia civil, una disminución del tiempo de tramitación de procedimientos ordinarios y sumarios, un aumento del número de jueces, una nueva línea de atención al público y mediación, la disminución de costos para usuarios y una mayor eficacia en el cumplimiento de las sentencias.

“Va a permitir a las personas, y especialmente a los grupos de clase media y más vulnerables, poder acceder con mayor facilidad, mayor rapidez, mayor eficacia y mayor equidad a la justicia”, enfatizó el Presidente.

Junto con esto, el jefe de Estado presentó también la reforma al Sistema de Nombramiento de Jueces, propuesta que surge de una mesa de trabajo interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia y que busca fortalecer la independencia interna de los jueces, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos.

El objetivo es transparentar y priorizar la meritocracia en la designación de jueces y fortalecer la independencia interna de los mismos, cerrando los espacios de discrecionalidad de los superiores jerárquicos.

“Esta reforma busca fortalecer los principios de transparencia, publicidad, mérito, igualdad de oportunidades y debido proceso en la designación de los jueces, para que estos puedan ejercer sus funciones con excelencia y con imparcialidad”, manifestó el Mandatario.

Para esto se elimina la facultad de las Cortes de elaborar las ternas para enviar al Presidente, ya que es en esta fase donde puede producirse la mayor discrecionalidad e impacto en la independencia judicial. El proceso se sustituye por concursos públicos regulados, con resultados vinculantes.

El mecanismo propuesto pone fin a la facultad discrecional y unilateral del Ejecutivo de designar a los jueces y otros funcionarios del Escalafón Primario, a partir de la propuesta de las Cortes, y la sustituye por un acuerdo colegiado para lo que se crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales.

El proyecto de ley incorpora normas, además, para reforzar la transparencia y la calidad de la gestión, regulando la agenda de actividades de ministros, relatores y fiscales y las visitas de supervisión de los ministros de la Corte Suprema a las Cortes de Apelaciones y de éstas a los tribunales de primera instancia.